La Dra. Judith Domínguez responde a sus preguntas

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Idrica Water Security Day LATAM tuvo lugar el pasado 16 de abril ante casi 300 participantes. El encuentro online contó con la participación de expertos de referencia en seguridad hídrica y agua, quienes recibieron más de 50 preguntas de espectadores de 15 países del mundo, principalmente América Latina.

La Dra. Judith Domínguez, Coordinadora del Observatorio de Seguridad Hídrica de El Colegio de México, presentó la ponencia “Acceso al agua en Latinoamérica, una cuestión de seguridad hídrica y seguridad humana”. Recogemos sus respuestas para las preguntas recibidas por parte de los asistentes al evento.

P. ¿Habrá alguna iniciativa de Ley que involucre todo lo que usted considera necesario para una buena gestión del agua y para cumplir con la seguridad hídrica?
R. No existe una Iniciativa de Ley de Aguas, en el caso de México, Iniciativa de Ley General de Aguas, que es la que mandata el artículo 4° constitucional, que incorpore estos conceptos de seguridad hídrica. El proyecto que existe actualmente en revisión y discusión en el Senado es un proyecto ciudadano que está más preocupado por la participación social y la cogestión, que por la seguridad hídrica. 

P. El uso agrícola no paga derechos por su uso y extracción. Asimismo, es el sector donde más se pierde agua por fugas. En su opinión ¿cree que establecer una cuota de pago al uso agrícola cambiaría la situación?
R. Efectivamente, el sector agrícola no paga por el agua y no solo tiene subsidio en esta, sino que también el bombeo de agua tiene una tarifa especial subsidiada. La infraestructura hidroagrícola tiene apoyos y su contribución al PIB es del 5%. Por otro lado, el argumento es la soberanía alimentaria, que no tenemos. Es muy importante en mi opinión tomar dos decisiones respecto al uso agrícola: hacer eficiente el uso del agua para una mayor productividad, que se logra con tecnología y buen manejo del agua y conciencia sobre la finitud del recurso y, por otro lado, contribuir aunque sea en una pequeña medida al financiamiento del sector, por ejemplo con la infraestructura, su modernización y rehabilitación. 

P. En estos momentos de la pandemia hay ataques a la infraestructura hídrica. Las consecuencias económicas son fuertes porque se roba equipo valioso y costoso, lo cual afecta a la economía de los organismos operadores, de las comisiones estatales de agua, etc.
R. Sí, lo he visto en algunas noticias, es un tema grave que hay que atender también. En alguna infraestructura he visto que la Guardia nacional la protege, pero esto es una muestra de la falta de control del subsector, es necesario revisar en profundidad la política de agua potable y saneamiento, en todos los aspectos. 

P. ¿Existe algún programa que vaya orientado a obligar a los Organismos Operadores de Agua a que realicen Diagnósticos Integrales que permitan partir a una mejor gestión?
R. No existe. El PROAGUA que es a través del cual la Federación apoya a los estados, municipios y sus organismos operadores de agua tiene 5 componentes, en el que quizá uno, el PROME, podría integrar acciones de este tipo, pero está dirigido a organismos grandes. Para los pequeños y medianos no existe. Hay una Escuela del Agua, que es la que apoya capacitación en algunos temas.

P. Muchos apuestan a la expedición de una nueva Ley General del Agua para solucionar el problema. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? 
R. Es necesario un nuevo marco normativo, mejorar el existente y suplir las deficiencias que tiene. Existe además la obligación para el Poder Legislativo de emitir esta nueva ley desde el 2013, pero no lo ha hecho. Actualmente está en discusión en el Congreso una iniciativa ciudadana de LGA que busca atender los problemas. 

P. ¿Informan los organismos operadores a la sociedad sobre el problema de disponibilidad y calidad del agua potable entre sus habitantes? 
R. No, la mayoría no lo hace, apenas alcanza a operar los sistemas. Así lo muestra el último Censo a municipios y alcaldías que se realizó en 2019 por el INEGI. No es su prioridad, no es una función que tengan identificada como necesaria en su operación, que en la mayoría de los casos se ciñe a medio cobrar, y medio abastecer. 

P. ¿Considera que el marco jurídico hídrico actual en México es suficiente para atender la emergencia por Covid-19? 
R.  No lo es, no tenemos planes de emergencia ni de contingencia, a ninguna escala (local, estatal o nacional). Ahora es cuando se están haciendo algunos.

P. En el caso de México, ¿cómo afecta el decreto de extinción de fideicomisos al financiamiento de infraestructura y tecnología? 
R. Creo que mucho y está por verse. Si analizamos los fideicomisos que desaparecieron, muchos de ellos son del sector agua, con lo cual será más difícil desarrollar investigación y tecnología. 

P. ¿Cuál es su visión respecto a la toma de decisiones de las autoridades en la ciudad de México respecto al acceso al agua? ¿Tenemos algún programa, plan, protocolo, política o instrumento donde se perciba qué está haciendo el gobierno de la ciudad para hacer llegar agua a esos últimos rincones de la ciudad? Si en épocas «normales» no tienen acceso al agua, ahora con la pandemia… 
R. No existe un programa para atender contingencias como esta, salvo el de situaciones normales que es PROAGUA, y algunas acciones ya previstas cuando hay desastres naturales para movilizar los recursos del Fondo de desastres. La cuestión es que este no es un desastre, tal como lo establece la ley. Lo que se está haciendo es destinar recursos para esta contingencia sanitaria, Conagua recién dio a conocer su estrategia para atender la pandemia y llevar agua en pipas, en la medida de lo posible, a hospitales y algunas comunidades. En el sector rural reconocen que no podrán atenderlo, salvo con gel. 

P. ¿Qué soluciones podría dar usted para la problemática del déficit de agua y el aumento de la población y la extensión de la misma en las ciudades? 
R. Hay que gestionar el agua bien, hasta ahora está mal administrada y mal gestionada. Es decir, no hay conocimiento sobre las aguas que permita tomar decisiones, no a nivel local.

P. ¿Cómo sugiere atender el problema tarifario, si los usuarios no tienen ingresos? 
R. Las tarifas de agua son muy bajas en la mayor parte de México, pero pueden establecerse esquemas de tarifas sociales o subsidios que permitan una moratoria durante esta contingencia. En algunas ciudades ya se exentó del pago, pero hay que tener en cuenta que pone en un grave riesgo al organismo operador.

P. ¿Las App’s han sido una mala experiencia en Ciudad de México, llegando a juicios largos y tortuosos y dejando dando más caros los servicios? 
R. No ha habido participación privada ni App’s, hasta donde yo tengo conocimiento, en la prestación del servicio público en la ciudad. Participan en alguna parte de esta como la medición, pero no me parece que lleven a juicios largos. Actualmente, la nueva Constitución de la ciudad establece la obligación de que la gestión sea exclusivamente pública.

P. ¿Cuáles son las recomendaciones en materia de recaudación al servicio del agua? ¿Es necesario hacer estructuras y metodologías tarifarias que permitan conocer el costo real del servicio público? 
R. De otra manera, siempre se recaudará menos de lo que cuesta llevar el agua a las viviendas. Y si tenemos en cuenta que los municipios o las legislaturas estatales no aumentan el presupuesto al organismo operador de agua, difícilmente podrán prestar un buen servicio. Ese ha sido el problema por décadas. 

P. En la Ciudad de México, con los últimos datos de la Secretaría de Salud, se observa que hay una relación entre casos de COVID-19 y alcaldías con menor suministro de agua. Tal es el caso de Iztapalapa y la Gustavo A. Madero. ¿Qué acciones contundentes se pueden realizar de manera expedita para revertir esta situación? 
R. Por ahora, solo acciones de emergencia, pues arreglar un problema que ha subsistido por décadas no puede hacerse en poco tiempo, menos aún en estos tiempos. Esto no exime a las alcaldías y al SACMEX de proporcionar el mínimo de agua para la subsistencia y la higiene, aunque ya hemos visto protestas porque hay comunidades que no han tenido agua en 15 días durante esta pandemia. Es muestra de la mala gestión que ha habido en la ciudad.

P. ¿Cómo ha hecho México para mejorar sus sistemas centralizados de información para toma de decisiones? Actualmente existen fondos internacionales evaluando nuevas estructuras de financiación y muchas veces estos no cuentan con información de fácil acceso para poder realizar una primera evaluación del estado actual de los organismos operadores en México. 
R. Se invierte en sistemas de información, a nivel nacional, estatal y local, pero no es suficiente, no todos invierten. Los que lo han hecho han mejorado sustancialmente la gestión del servicio público al conocer con más detalle la situación que tienen que atender, en todos los aspectos del ciclo urbano del agua. 

P. En México hay un fuerte uso de agua de garrafón para todos los niveles.  Creo que si tuviéramos la confianza de tener agua de buena calidad se podría disminuir este gasto familiar. ¿Alguna experiencia al respecto? 
R. Creo que sí, hay organismos en el país que suministran agua potable y la gente confía en ello, así lo han demostrado en encuestas, por ejemplo en Chihuahua, en Saltillo o en León hay confianza en el agua de la red pública. Es verdad que han comunicado y demostrado la calidad del agua constantemente, de tal forma que la población conoce y tiene acceso a estos datos. En la CDMX no pasa esto, pues aun cuando algunas veces han dicho que el agua es potable, lo cierto es que la tubería es muy vieja y si bien entra agua potabilizada, el tránsito por la tubería la puede ensuciar nuevamente. Otro problema es el almacenamiento en tinacos que hacemos los ciudadanos en nuestras casas y que no acostumbramos a lavar, se recomienda por lo menos dos veces al año y esto no pasa. Difícilmente alguien lava su tinaco o cisterna. Hay un problema de informar y comunicar de los riesgos de esta situación.

P. En 2019 el Sistema de Aguas de la Ciudad de México recibió un aumento en su presupuesto del orden del 25%. Sin embargo, tuvo un subejercicio del mismo porcentaje, por lo que para este año 2020 su presupuesto fue igual que el del 2018, del orden de 15 mil millones de pesos. Por lo que a veces no solamente es si el tema está en la agenda pública y con ello la asignación del presupuesto. Tiene que ver, incluso, con la capacidad del organismo para saber gastar ese presupuesto. ¿Qué esquema, desde los estudios ya señalados, es mejor para que un organismo o institución pueda cumplir de manera eficaz con sus objetivos? 
R. Una adecuada planeación, para empezar. Hay obras que se proponen sin viabilidad social, sin consultarla con la población, y cuando se inician surgen las protestas sociales. Ese es un problema que no ha podido superar el SACMEX. Otro importante es saber ejercer ese presupuesto, es verdad que en parte no supo qué hacer, de pronto le aumentan, y para ello se requiere también una programación de obras, que no solo se deciden en el escritorio o en la dependencia. Hoy en día, la propuesta o la aceptación social son importantes. Un problema importante que tiene SACMEX en mi opinión es el de comunicación. Es necesario dar a conocer a la población muchos datos, mucha información, para que dimensione la gravedad o dificultades del suministro de agua. Pero también es cierto que en este año se observa una campaña decidida de cultura del agua. 

Sobre el evento

Idrica Water Security Day LATAM es el primero de la serie de diálogos online impulsados por Idrica, empresa que ofrece servicios y soluciones tecnológicas para la gestión del ciclo integral. La compañía aporta un valor diferencial único basado en la experiencia y el conocimiento en el sector. Su solución tecnológica GoAigua, desarrollada en los últimos 10 años, es utilizada por más de 400 organizaciones en todo el mundo para mejorar la operación y el mantenimiento, la gestión de activos, la experiencia del cliente y la capacidad de adaptación. Pronto compartiremos las respuestas del resto de ponentes.

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